lunes, 30 de julio de 2012
Estado, comunidad y empresa
FUENTE: Diario El Comercio
El desarrollo de proyectos
extractores de recursos no renovables actualmente presenta nuevos retos,
estando entre los más importantes el manejo social y el ambiental. Por ello es
indispensable una nueva relación Estado-comunidad-empres, donde cada uno debe
aportar algo: las comunidades deben aprender a creer en el Estado y en las
empresas; el Estado, a no poner trabas y
permitir hacer planes de desarrollo, ingeniería para la factibilidad de los
proyectos, programas de inclusión pro-ductiva y monitoreo ambiental continuo
utilizando una parte de los recursos del canos; los empresarios, a sentirse
socios con las comunidades, cambiar actitudes arrogantes y facilitar
herramientas y recursos que ayuden a vencer la pobreza.
Para que la población vuelva
a creer se deberán dar muestras claras. Primero deberá existir una sola entidad
responsable del medio ambiente con todos los recursos de información y
económicos para hacer monitoreo independiente continuo de los recursos hídricos,
aire, suelos, etc.; segundo, se deberán conocer los planes con respecto a su
territorio, tener claro en el tiempo los beneficios que obtendrán en caso de
hacerse realidad los proyectos y cómo ellos pueden ser el motor para salir de
la pobreza.
Una vez conocidas las
ventajas tangibles de los mismos y las comunidades entiendan y aprueben estos
planes, el Gobierno deberá garantizar y asegurar la marcha de ellos,
flexibilizando el uso del canon y nombrando funcionarios en cada localidad que
prevengan cuando algunos de los planes no se ejecuten correctamente.
Las empresas deben entender
que sus representantes deben tener contacto continuo con las comunidades,
apoyar aclarando algún tema referente al desarrollo social y ambiental en las
poblaciones, reformular planes e ingeniería para los proyectos de
infraestructura y productivos, así como presentar la información mensual de los
impactos y su remediación. Logrado esto,
los proyectos extractores de recursos naturales no renovables se convertirán en
el motor que cambien la economía
nacional asegurándonos la inversión de US$50 mil millones de los
próximos años, los mismos que deberán servir para ampliar la frontera agrícola
por lo menos 8 millones de hectáreas, reforestación y forestación en áreas de
concesiones mineras y petroleras no exploradas ni explotadas en 9 millones de
hectáreas, y en el desarrollo de infraestructura y programas de inclusión
productiva en las regiones más pobres del país.
Acreedores elegirán liquidación de Doe Run Perú o reestructuración con operador
Publicada: Martes 10, Abril 2012
La junta de acreedores de Doe Run Perú decidirá esta semana la liquidación de
la empresa o su reestructuración con otro operador, dijo a BNamericas el
experto en temas mineros Leopoldo Monzón.
Los
acreedores tienen una reunión el 12 de abril para definir el futuro de la
compañía con sede en Lima y su planta metalúrgica de La Oroya.
"Doe
Run Perú no va a cambiar su posición con respecto a los requerimientos que le
están imponiendo al Estado peruano, que a su vez es figura central en la
resolución del conflicto, por eso creo que la empresa debería declararse
insolvente", explicó Monzón.
En
enero, la junta de acreedores de la compañía decidió reestructurarla y no
liquidarla, por lo que se dejó la administración de La Oroya en manos de Doe
Run Perú, a la que se le concedieron 60 días para presentar un plan de
reestructuración que incluyera un compromiso para completar el Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Para
reactivar las operaciones, Doe Run Perú necesita que el Congreso postergue el
plazo para finalizar el PAMA. Sin embargo, el 23 de marzo, los legisladores
archivaron el proyecto de ley que proponía dicha extensión.
PROBLEMAS
JURÍDICOS
En
abril del año pasado, el grupo con sede en Nueva York Renco -a la cual Doe Run
Perú está afiliada-interpuso una demanda ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por
una indemnización de US$800mn contra el Gobierno peruano.
Renco
argumenta que bajo el acuerdo de privatización de 1997 sobre la fundición, el
Estado se responsabiliza por los pasivos ambientales antes de la venta.
El
grupo afirma además que el gobierno incumplió partes del tratado de libre
comercio entre EEUU y Perú, y que no está respetando el acuerdo de
privatización al no comparecer en demandas presentadas contra Renco en un
tribunal estadounidense.
La
compañía también sostiene que el gobierno ha sido discriminatorio con Doe Run
Perú respecto del término de los trabajos del PAMA.
"Doe
Run Perú debe eliminar la demanda contra el Estado Peruano en las cortes
internacionales y hacer una oferta seria y realista a los acreedores y
finalmente proponerse terminar el PAMA de inmediato", explicó Monzón.
Doe
Run Perú está incurriendo en un grave error al insistir que el Estado peruano
debe asumir las obligaciones de pago comprendidas en el PAMA, que es de
exclusiva responsabilidad de la compañía, de acuerdo con el ministro del
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, citado por la agencia estatal de noticias
Andina.
El
ministro también indicó que la empresa pretende impugnar el papel del Estado
como acreedor. El gobierno tiene un poco más de un 30% de las acreencias, lo
que lo convierte en socio con capacidad de decisión en la junta de acreedores.
La
Oroya producía 11 metales y los principales eran cobre, zinc, plomo y plata.
La planta -construida en 1922 por Cerro de Pasco y
adquirida en 1997 por Doe Run, con sede en St.
Louis (EEUU) en el proceso de privatización- es conocida por los graves problemas
de contaminación por plomo que ha causado en los alrededores de La Oroya.
Detectan que primer ministro tiene concesión minera en Moquegua
Publicado: Lunes 09 de
abril, 2012
Fuente: Equipo de prensa Business
News Americas
El primer ministro de Perú, Óscar Valdés, posee al
menos una concesión minera, señaló a la prensa el experto del sector Miguel
Santillana.
Valdés cuenta con la concesión de 600ha en la Región
Moquegua desde 1995, informó el diario local El Comercio, que citó registros
gubernamentales.
El primer ministro respondió a Santillana señalando
que la denominada mina Oscarín está inactiva y que informó al respecto a las
autoridades pertinentes en declaraciones juradas presentadas antes de asumir el
Ministerio del Interior y luego la Presidencia del Consejo de Ministros,
reportó el diario Gestión.
Santillana solicita que las declaraciones juradas se
den a conocer a la opinión pública.
La tenencia de concesiones mineras no es compatible
con los cargos ministeriales, de acuerdo con Santillana, quien indicó en la
televisión local que "no dormirá" hasta determinar el número de
concesiones mineras que tiene Valdés.
De acuerdo con la legislación peruana, los ministros
no pueden ser dueños ni socios en ninguna compañía ligada a la industria que
representan.
El año pasado, la viceministra de Minas, Susana Vilca,
se vio obligada a renunciar luego de que la prensa local informara que tenía 17
concesiones mineras. En la ocasión, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) negó estas
informaciones argumentando que Vilca solo tenía una concesión minera registrada
a su nombre en la Región Ancash.
Vilca asumió la presidencia del consejo directivo del
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) el 21 de enero.
El 29 de marzo, el director general de Hidrocarburos
del MEM, Luis Zavaleta, renunció luego de que se dieran a conocer sus supuestos
vínculos con actividades mineras ilegales.
Zavaleta es dueño de la compañía Universal Metal
Trading (UMT), que exportó 19,2t de oro el año pasado por US$901mn, de acuerdo
con otro artículo de El Comercio. La empresa tiene dos oficinas en Madre de
Dios, la región más afectada por las actividades ilegales de extracción de oro
en el país.
"Este es un escándalo de tremendas proporciones
para el sector de minería y metales", dijo a BNamericas el consultor en
temas mineros internacionales Leopoldo Monzón. "El hecho de saber que el
director de Hidrocarburos, un oficial de alto rango en el Ministerio de Energía
y Minas esté [supuestamente] envuelto a este nivel, es nada menos que
increíble".
Ley de Consulta Previa reducirá desigualdad y agilizará proyectos, sostienen expertos
Publicado: Martes 03 de
abril, 2012
Fuente:BN Americas
La Ley de Consulta Previa de Perú es una victoria para
las comunidades indígenas y para la sociedad, puesto que reducirá la
desigualdad en el país, dijo a BNamericas el abogado y experto en temas mineros
Jorge Barreto.
El reglamento para la ley se publicó el martes en el
Diario Oficial.
La ley tiene por fin cumplir con el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de las comunidades
indígenas a participar en proyectos de desarrollo en sus tierras.
Conforme a la nueva normativa, las empresas y
comunidades locales deben alcanzar acuerdos que compatibilicen los proyectos de
inversión con las costumbres de la población indígena dentro de 120 días
calendario.
El resultado del proceso de consulta no se considerará
vinculante a menos que se logre un acuerdo entre las partes implicadas.
Las comunidades indígenas directamente afectadas por
proyectos de desarrollo deben designar a sus representantes para que participen
en el proceso de consulta, el cual se debe adaptar a las circunstancias y
peculiaridades de cada grupo indígena.
¿MENOS OPOSICIÓN
SOCIAL A LA MINERÍA?
Las compañías mineras han sido testigos de una
intensificación de la oposición social a sus proyectos en los últimos meses en
Perú y la nueva Ley de Consulta Previa podría ayudar a reactivar sus
actividades, de acuerdo con expertos de la industria.
"La comunidad de negocios no tiene por qué
preocuparse, porque si los proyectos son planificados y llevados a cabo dando
un énfasis a la responsabilidad social, la población siempre estará de acuerdo.
Podrá tomar más tiempo para que los proyectos sean aprobados, pero una vez que
lo sean, no habrá demoras por razones sociales", señaló a BNamericas el
experto en materia minera internacional Leopoldo Monzón.
Entre los proyectos que se han abandonado o postergado
a causa de la oposición social figuran la iniciativa cuprífera Río Blanco, de la china Zijin Mining
Group y situada en la Región Piura; el proyecto polimetálico de
US$405mn Tambogrande, de Manhattan Minerals y también localizado en Piura;
junto con los proyectos de cobre y oro Cerro Quilish, de US$250mn, y Minas Conga, de US$4.800mn, ambos en la Región
Cajamarca y a cargo de la firma Newmont Mining (NYSE:
NEM), con sede en EEUU.
El Congreso aprobó la Ley de Consulta Previa en julio
pasado. El reglamento para la ley se promulgó el martes en el Diario Oficial y
la ley entra en vigencia el miércoles.
Renuncia funcionario público de alto rango tras ser vinculado a explotación ilegal de oro
Publicado: Viernes 30 de
marzo, 2012
BN Americas
El Gobierno peruano comenzó una investigación a Luis
Zavaleta, ex director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía
y Minas, sospechoso por comprar oro a operaciones mineras ilegales.
Zavaleta -quien renunció el jueves (29 de marzo) por
la noche- es dueño de la compañía Universal Metal Trading (UMT), que exportó
19,2t de oro el año pasado por US$901mn, de acuerdo con un artículo del diario
local El Comercio.
La empresa tiene dos oficinas en Madre de Dios, la
región más afectada por las actividades ilegales de extracción de oro en el
país.
La compañía local Buenaventura (NYSE: BVN)
posee ocho operaciones mineras, tal como una participación de 43,65% en la mina
de oro más grande de Latinoamérica: Yanacocha. La firma reportó exportaciones por
US$825mn el 2011.
"Este es un escándalo de tremendas proporciones
para el sector de minería y metales", dijo a BNamericas el consultor en
temas mineros internacionales Leopoldo Monzón. "El hecho de saber que el
director de hidrocarburos, un oficial de alto rango en el Ministerio de Energía
y Minas esté [supuestamente] envuelto a este nivel, es nada menos que
increíble".
"UTM es una empresa que tiene su radio de acción
en todo Perú, no solo en Madre de Dios, a pesar de que sus oficinas centrales
están ahí. La empresa está dedicada a la compra de oro y la procedencia de
estas compras no está acreditada con una declaración jurada como la que exige
la [autoridad tributaria] Sunat", señaló.
"El trabajo del gobierno es verificar el origen
de los metales y esto pasa solo parcialmente en el caso de UMT", agregó.
De acuerdo con cifras oficiales, en Madre de Dios han
resultado afectadas 30.000ha por la minería aurífera ilegal, que emplea
mercurio, y otros contaminantes, para extraer el metal y luego este ingresa al
ecosistema local.
Alrededor de un 10% del oro peruano proviene de esta
región, pero casi su totalidad se extrae de manera ilegal, principalmente de
áreas amazónicas.
Perú es el principal productor de oro de Latinoamérica
y el sexto a nivel mundial.
Galeno se retrasa debido a temas políticos y legales, según Jiangxi Copper
Publicado: Miércoles 28 de
marzo, 2012
Fuente: Equipo de prensa Business
News Americas
La firma china Jiangxi Copper señaló que su
proyecto Galeno, avaluado en
US$2.500mn y ubicado en la región peruana de Cajamarca, se retrasará debido a
temas políticos y legales.
Se estima que la producción comenzará entre el 2014 y
el 2016, de acuerdo con un informe de Reuters.
El estudio de impacto ambiental (EIA) de Galeno se iba
a presentar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a principios del
2011. No obstante, la ejecución del proyecto se detuvo el cuarto trimestre de
año pasado debido a las protestas de la comunidad.
"Debido a varios temas políticos y legales (...)
no se ha conseguido el progreso esperado", indicó el gerente general de
Jiangxi, Li Yihuang, durante una conferencia de prensa realizada en Hong Kong.
Lumina Copper se encuentra a cargo de Galeno. China
Minmetals es dueña del 60% de Lumina, mientras que la connacional Jiangxi
Copper posee el resto. Ambas empresas pertenecen al gobierno de la provincia
china de Jiangxi, de acuerdo con el MEM.
Galeno debiera producir un promedio de 144.000t/a de
cobre en concentrados durante unos 20 años, en tanto la producción de los
primeros cinco años será de más de 200.000t/a.
Las iniciativas mineras han estado bajo presión en
Cajamarca desde el año pasado y las protestas cada vez más violentas en contra
del proyecto de oro y cobre de US$4.800mn Minas Conga, controlado por Newmont Mining (NYSE: NEM), llevó a esta
firma estadounidense a suspender las actividades en el lugar. El MEM está a la
espera de los resultados de un peritaje independiente sobre el EIA de Conga
antes de que puedan continuar los trabajos.
Galeno deberá esperar hasta que se hagan públicos los
resultados del peritaje de Conga y luego la compañía debe replantear su
estrategia, señaló anteriormente a BNamericas el consultor en minería Leopoldo
Monzón.
"No nos olvidemos de que Galeno está en la misma
área que Conga y también está sobre una cabecera de cuenca, igual que Conga
", precisó Monzón.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)