FUENTE: BNAMERICAS
Entrevista a Leopoldo Monzón . Gerente General de PROESMIN SAC.
Cuando
el Estado de China comenzó a invertir en Perú en la década de los
noventa se cometieron errores como no gastar suficiente en
infraestructura y no ganarse el apoyo de las comunidades locales, dijo a
BNamericas el consultor en temas mineros internacionales Leopoldo
Monzón.
"Cuando llegaron a Perú hace como 20 años cometieron el error de gastar
poco en infraestructura y básicamente ignoraron a las comunidades, y esa
es una de las razones por las que fallaron: no tenían un plan", señaló.
Entre las
inversiones chinas en Perú figura Shougang Hierro Perú y los proyectos
cupríferos Río Blanco de Zijin Mining Group y Toromocho de Chinalco.
Shougang fue el primer inversionista chino en llegar al país con las
privatizaciones de la década de los noventa.
"En
estos días la mayoría de los inversores chinos son compañías privadas, y
cambiaron la forma en que eran vistos por los peruanos en general.
Ahora saben que si quieren invertir en grande en el sector minero de
este país, tienen que traer consigo un plan de desarrollo para las
comunidades cercanas a estos proyectos, y tienen que invertir fuerte en
las áreas que los anteriores inversores ignoraron", agregó Monzón.
La inversión privada de China llegó ya hace 12 años y la estrategia era totalmente distinta a la del Estado.
Ahora
los inversionistas buscan trabajar con las comunidades y ven su
inversión como una manera social de ganar aceptación, sostuvo.
No obstante, los obstáculos persisten.
"A
pesar de que cambiaron su actitud sobre la inversión aquí, todavía
tienen problemas con las comunidades. Primero que nada porque eligen
desarrollar la minería en áreas donde las comunidades no son mineras, y
están teniendo un problema bárbaro en lograr que esta gente los acepte",
explicó Monzón.
"Algunos
de los proyectos -como el de Río Blanco- están localizados en áreas
agropecuarias donde la gente no quiere saber nada de minería".
Río Blanco, en la norteña Región Piura, es uno de muchos proyectos que se ha estancado por la oposición local.
"Río Blanco está detenida porque la empresa no puede conseguir
una licencia social para poder operar. Obtener esa licencia tiene mucho
que ver con la forma en que las comunidades ven estos proyectos",
comentó Monzón.
La
Ley de Consulta Previa del país resolverá definitivamente este problema
porque impulsará a las mineras a explicar de mejor manera sus proyectos a
las comunidades, de acuerdo con el experto.
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