Publicada: Martes 10, Abril 2012
La junta de acreedores de Doe Run Perú decidirá esta semana la liquidación de
la empresa o su reestructuración con otro operador, dijo a BNamericas el
experto en temas mineros Leopoldo Monzón.
Los
acreedores tienen una reunión el 12 de abril para definir el futuro de la
compañía con sede en Lima y su planta metalúrgica de La Oroya.
"Doe
Run Perú no va a cambiar su posición con respecto a los requerimientos que le
están imponiendo al Estado peruano, que a su vez es figura central en la
resolución del conflicto, por eso creo que la empresa debería declararse
insolvente", explicó Monzón.
En
enero, la junta de acreedores de la compañía decidió reestructurarla y no
liquidarla, por lo que se dejó la administración de La Oroya en manos de Doe
Run Perú, a la que se le concedieron 60 días para presentar un plan de
reestructuración que incluyera un compromiso para completar el Programa de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Para
reactivar las operaciones, Doe Run Perú necesita que el Congreso postergue el
plazo para finalizar el PAMA. Sin embargo, el 23 de marzo, los legisladores
archivaron el proyecto de ley que proponía dicha extensión.
PROBLEMAS
JURÍDICOS
En
abril del año pasado, el grupo con sede en Nueva York Renco -a la cual Doe Run
Perú está afiliada-interpuso una demanda ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por
una indemnización de US$800mn contra el Gobierno peruano.
Renco
argumenta que bajo el acuerdo de privatización de 1997 sobre la fundición, el
Estado se responsabiliza por los pasivos ambientales antes de la venta.
El
grupo afirma además que el gobierno incumplió partes del tratado de libre
comercio entre EEUU y Perú, y que no está respetando el acuerdo de
privatización al no comparecer en demandas presentadas contra Renco en un
tribunal estadounidense.
La
compañía también sostiene que el gobierno ha sido discriminatorio con Doe Run
Perú respecto del término de los trabajos del PAMA.
"Doe
Run Perú debe eliminar la demanda contra el Estado Peruano en las cortes
internacionales y hacer una oferta seria y realista a los acreedores y
finalmente proponerse terminar el PAMA de inmediato", explicó Monzón.
Doe
Run Perú está incurriendo en un grave error al insistir que el Estado peruano
debe asumir las obligaciones de pago comprendidas en el PAMA, que es de
exclusiva responsabilidad de la compañía, de acuerdo con el ministro del
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, citado por la agencia estatal de noticias
Andina.
El
ministro también indicó que la empresa pretende impugnar el papel del Estado
como acreedor. El gobierno tiene un poco más de un 30% de las acreencias, lo
que lo convierte en socio con capacidad de decisión en la junta de acreedores.
La
Oroya producía 11 metales y los principales eran cobre, zinc, plomo y plata.
La planta -construida en 1922 por Cerro de Pasco y
adquirida en 1997 por Doe Run, con sede en St.
Louis (EEUU) en el proceso de privatización- es conocida por los graves problemas
de contaminación por plomo que ha causado en los alrededores de La Oroya.
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