FUENTE: Diario El Comercio
El desarrollo de proyectos
extractores de recursos no renovables actualmente presenta nuevos retos,
estando entre los más importantes el manejo social y el ambiental. Por ello es
indispensable una nueva relación Estado-comunidad-empres, donde cada uno debe
aportar algo: las comunidades deben aprender a creer en el Estado y en las
empresas; el Estado, a no poner trabas y
permitir hacer planes de desarrollo, ingeniería para la factibilidad de los
proyectos, programas de inclusión pro-ductiva y monitoreo ambiental continuo
utilizando una parte de los recursos del canos; los empresarios, a sentirse
socios con las comunidades, cambiar actitudes arrogantes y facilitar
herramientas y recursos que ayuden a vencer la pobreza.
Para que la población vuelva
a creer se deberán dar muestras claras. Primero deberá existir una sola entidad
responsable del medio ambiente con todos los recursos de información y
económicos para hacer monitoreo independiente continuo de los recursos hídricos,
aire, suelos, etc.; segundo, se deberán conocer los planes con respecto a su
territorio, tener claro en el tiempo los beneficios que obtendrán en caso de
hacerse realidad los proyectos y cómo ellos pueden ser el motor para salir de
la pobreza.
Una vez conocidas las
ventajas tangibles de los mismos y las comunidades entiendan y aprueben estos
planes, el Gobierno deberá garantizar y asegurar la marcha de ellos,
flexibilizando el uso del canon y nombrando funcionarios en cada localidad que
prevengan cuando algunos de los planes no se ejecuten correctamente.
Las empresas deben entender
que sus representantes deben tener contacto continuo con las comunidades,
apoyar aclarando algún tema referente al desarrollo social y ambiental en las
poblaciones, reformular planes e ingeniería para los proyectos de
infraestructura y productivos, así como presentar la información mensual de los
impactos y su remediación. Logrado esto,
los proyectos extractores de recursos naturales no renovables se convertirán en
el motor que cambien la economía
nacional asegurándonos la inversión de US$50 mil millones de los
próximos años, los mismos que deberán servir para ampliar la frontera agrícola
por lo menos 8 millones de hectáreas, reforestación y forestación en áreas de
concesiones mineras y petroleras no exploradas ni explotadas en 9 millones de
hectáreas, y en el desarrollo de infraestructura y programas de inclusión
productiva en las regiones más pobres del país.
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