Publicado: Miércoles 14 de
diciembre, 2011
Fuente: BN Américas
La minería ilegal en Perú debe
ser evaluada a fondo para romper la cadena de valor y poner fin a la actividad,
dijo a BNamericas el consultor de temas mineros internacionales Leopoldo
Monzón.
La erradicación de las labores
extractivas ilegales es una prioridad del gobierno y el Congreso se encuentra
debatiendo un proyecto de ley para implementar una nueva normativa destinada a
combatir esta actividad.
El experto sostuvo que un grupo
de mineros ilegales causa más destrozos y daños al territorio que todas las
operaciones formales juntas.
Sin embargo, la simple
erradicación de estos operadores no es la solución, puesto que es necesario
detectar a sus proveedores de combustible, agua y herramientas.
La mayoría de los mineros
ilegales preferiría trabajar cumpliendo las leyes porque sus costos son mucho
más altos que lo normal, de acuerdo con el consultor.
También sostuvo que las mafias se
aprovechan de ellos y les venden productos a un precio tres veces mayor que el
que pagan los mineros formales. Tampoco pueden pedir devolución de impuestos.
OBSTÁCULOS
Sin embargo, incluso si los
mineros ilegales desearan formalizar sus actividades, hay una serie de barreras
y consecuencias sociales, a juicio del experto.
Los mineros ilegales toman el
control de estas áreas y se instalan con sus familias, por lo que es muy
complicado trasladar a todas ellas e incluso es más difícil desplazar todos los
poblados de estas zonas, señaló Monzón.
La minería informal se ha estado
extendiendo por todo el país, en regiones como Piura, La Libertad, Ica y Puno,
pero es más marcada en Madre de Dios.
Esta es una de las áreas más
perjudicadas, según Monzón, quien agregó que no hay que olvidar que esta región
es muy importante para la economía del país y que el daño ambiental en ella es
enorme.
Madre de Dios produce una parte
importante de las frutas y verduras de Perú y también alberga el triángulo de
biodiversidad más importante del mundo.
Alrededor de un 10% del oro
peruano proviene de esta región, pero casi su totalidad se extrae de manera
ilegal.
Pese a los esfuerzos del gobierno
por enfrentar el problema, a Monzón le preocupa la efectividad del proyecto de
ley que se debate en el Congreso, ya que a pesar de que cree que ayudará, no
prevé que tendrá el gran éxito que algunos esperan.
Sus dudas tienen que ver con los
diversos intentos realizados por el gobierno en el pasado sin resultados
positivos.
Además de provocar contaminación
ambiental, la minería informal cuesta al Gobierno Nacional y a los gobiernos
regionales millones de soles en impuestos impagos.
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