Perú
afronta decenas de conflictos sociales que desaceleran las inversiones
sensiblemente.
Muchos
de estos conflictos se han transformado en verdaderos dolores de cabeza para el
gobierno y sobre todo para las compañías mineras que disponen de millones de
dólares para invertir en la explotación y extracción de minerales pero se ven
imposibilitadas de seguir adelante con sus proyectos.
La
Defensoría del Pueblo señaló que las principales competencias en la atención de
los conflictos sociales recaen en el gobierno central que absorbe un 67,1 % de
estos conflictos, pero no son solo los únicos actores en esta difícil situación
ya que un 19.3 % de ellos recaen en los gobiernos
regionales y un 9,5% en los municipios.
El
“fenómeno de la conflictividad social tiene que ver con la inflación de
expectativas que tienen los ciudadanos, quizás por enfoques o manejos políticos
que no han sido adecuados en gestiones anteriores”, indico el viceministro de
Derechos Humanos, José Ávila.
“El
Estado quiere abordar el tema de la conflictividad sin muertos”, indicó el
viceministro.
La
complejidad de los conflictos sociales usualmente está determinada por el
número de factores que los involucra, ya sea por la diversidad cultural,
económica, social o política.
Perú
registró 238 casos de conflictos sociales en septiembre, de los cuales 167
están activos y 71 aun persisten o tienen posibilidades de reiniciarse, de
acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo.
Los
retrasos que han sufrido varios proyectos mineros a causa de la oposición
social han ido en aumento en estos últimos años. Todo esto ha tenido un impacto
en la cartera de inversiones de Perú.
La
inversiones que se manejan para estos próximos años llegaría a los US$53.700mn
pero de continuar los conflictos o incrementarse, esta cifra podría reducirse
sensiblemente.
El
2012 ha visto protestas en contra de proyectos u operaciones de compañías
internacionales tales como Xstrata, Southern Copper, Barrick Gold, Anglo
American y la más importante de todas en cuanto a dimensión e inversión, el
proyecto Minas Conga de la empresa minera norteamericana Newmont.
El
proyecto Minas Conga de Newmont, Buenaventura y el IFC, le quita casi un 10% de
crecimiento al sector minero. “La paralización de Conga le va a restar un 10%
al crecimiento del subsector de productores mineros,” aseguro el ingeniero
Leopoldo Monzón, gerente general de la consultora Proesmin.
El
gobierno y las empresas mineras estudian cómo prevenir estos conflictos pero
todo está muy atado al tema de inclusión social y por supuesto el tema
ecológico.
Para el año que viene
se esperan inversiones que superaran los US$ 4mm, cifra claramente inferior a
los US$ 6.5mm que se habían anticipado meses atrás.
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